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1 de julio de 2025

"El empleado judicial sigue perdiendo ante la inflación"

Trabajadores judiciales de Corrientes se manifestaron hoy frente al Superior Tribunal de Justicia para reclamar una recomposición salarial urgente. Denuncian no haber recibido incrementos desde marzo, lo que agrava una pérdida del poder adquisitivo que se arrastra desde 2018. La situación genera preocupación, ya que el sector acumula un atraso salarial superior al 70%. Exigen una respuesta inmediata a sus demandas.

La manifestación, encabezada por Eric Castillo y Gonzalo García Sarmiento de la USJN seccional 11 Corrientes, busca visibilizar la grave situación económica que atraviesan. Según explicaron, desde marzo no han recibido ninguna recomposición salarial, mientras que la inflación ya supera el 15% en el último período. Esta falta de actualización se suma a un atraso salarial histórico que, desde 2018, ya supera el 70%, dejando a muchos empleados por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia. La preocupación se intensifica ante la expectativa de que cualquier posible recomposición recién llegaría en julio, y solo afectaría al plus, un concepto que los judiciales no perciben.

Los trabajadores judiciales exigen una recomposición salarial mínima del 15% para intentar paliar la pérdida de poder adquisitivo. Aunque han presentado petitorios durante más de dos meses sin obtener respuesta, decidieron recurrir a la manifestación pacífica para que "se oigan nuestras voces". La modalidad de protesta, por el momento, se centra en la insistencia frente al Superior Tribunal de Justicia, con la intención de continuar con el "plan de lucha" hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas.

La situación de los empleados judiciales no es un caso aislado. Según los referentes gremiales, es un "público conocimiento" que la mayoría de los empleados públicos de la provincia de Corrientes enfrentan un atraso salarial "muy grande". Esta problemática afecta a diversos sectores, llevando a muchos trabajadores a cobrar salarios que los ubican por debajo de los umbrales de pobreza e indigencia, lo que subraya la gravedad de la situación económica para la administración pública provincial.

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