La movilización, que se ha vuelto una constante en el calendario de protestas, tuvo como principal reclamo el aumento de las jubilaciones mínimas a $1.250.000, una cifra significativamente superior a los $379.294 actuales, que incluyen un bono de $70.000. Además, los manifestantes denunciaron el vaciamiento del PAMI y la falta de acceso regular a tratamientos y medicamentos esenciales. La presencia de un operativo de las fuerzas federales con patrulleros y vallados fue constante desde las primeras horas de la mañana, generando un clima de alta tensión.

La situación se tornó crítica cuando grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia el Palacio Legislativo, lo que provocó enfrentamientos con la Policía de la Ciudad. En el altercado, se registraron agresiones y el uso de balas de goma y gases por parte de las fuerzas de seguridad. Como resultado, al menos una mujer resultó herida y siete personas fueron detenidas por "atentado y resistencia a la autoridad", según fuentes policiales. Testigos y periodistas que cubrían la noticia también denunciaron haber sido afectados por los gases.

El conflicto se agudiza por la amenaza de veto presidencial a la ley que busca aumentar los haberes jubilatorios. A pesar de que la ley aprobada por el Congreso tendría un costo fiscal de alrededor del 0,26% del PBI, el presidente Javier Milei aseguró en sus redes sociales que vetaría "cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO". Esta postura del Ejecutivo ha sido interpretada por los manifestantes como un desprecio a sus derechos y un intento de invisibilizar la grave situación económica que enfrentan.