La referente social denunció una situación crítica en el sector, evidenciada por la falta de pago de las prestaciones. "Actualmente estamos cobrando el mes de marzo", afirmó Barriola, lo que implica un atraso de casi diez meses. A este problema se suma la falta de aumentos en los valores de las prestaciones, que se mantienen con montos de 2024, mientras la inflación ha erosionado su valor. Según la activista, incluso el costo del transporte por kilómetro está desactualizado, quedando muy por debajo del precio real del combustible, lo que dificulta la logística y la atención a los pacientes.

Estos retrasos en los pagos y el desfasaje financiero están afectando directamente a las personas con discapacidad. Muchos padres se ven obligados a consensuar con los prestadores y reducir la frecuencia de terapias y traslados, lo que impacta negativamente en la continuidad de los tratamientos. "El único perjudicado es la persona con discapacidad", enfatizó Barriola, señalando que la falta de recursos y autorizaciones hace que muchos no puedan acceder a servicios esenciales, como el transporte, y deban quedarse en sus hogares, limitando su participación social.

La situación también ha provocado que muchos prestadores abandonen el sector de la discapacidad debido a la insostenibilidad económica. Barriola lamentó esta fuga de profesionales, afirmando que "se está llegando a lo que el gobierno quiere: privilegiar a los que tengan poder adquisitivo". De acuerdo con la referente, esta política está generando una exclusión social, llevando a un escenario similar al de "hace 50 años atrás", donde las personas con discapacidad no salían a la calle porque no tenían los medios para hacerlo.