La decisión judicial, tomada por el Supremo Tribunal Federal (STF), responde a las pruebas presentadas por la Fiscalía que vinculan a Bolsonaro con un plan para subvertir el resultado de las elecciones de 2022 y perpetuar su poder. Según la investigación, el expresidente habría utilizado su influencia para incitar a sus seguidores y coordinar acciones que culminaron en los violentos asaltos a los poderes del Estado en Brasilia. Las fotos y conversaciones encontradas en los dispositivos incautados a otros implicados en la trama fueron clave para justificar la medida cautelar.

La orden de prisión domiciliaria ha polarizado aún más el clima político de Brasil. Mientras que los sectores de la oposición celebran la decisión como un paso necesario para proteger la democracia y la institucionalidad del país, los seguidores de Bolsonaro denuncian una "persecución política" y aseguran que la justicia está siendo utilizada como una herramienta para silenciar al exmandatario. La defensa de Bolsonaro ha anunciado que apelará la medida, argumentando que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

La noticia tuvo una inmediata repercusión internacional, con el gobierno de Estados Unidos, a través del presidente Trump, apuntando contra el juez que dictó la prisión domiciliaria de Bolsonaro, considerándolo una "amenaza para la democracia". Este pronunciamiento del gobierno estadounidense ha encendido las alarmas en varios sectores, ya que podría interpretarse como una intromisión en los asuntos internos de Brasil y una muestra de apoyo al expresidente, generando tensiones diplomáticas entre ambos países en un momento crucial para la región.